La Agencia de Servicios Financieros (FSA) de Japón está preparada para proponer sanciones más estrictas para la venta de criptomonedas no registradas. Se espera que la pena máxima de prisión por tales violaciones aumente de menos de 3 años a menos de 10 años. Además, la multa máxima aumentará de 3 millones de yenes a 10 millones de yenes. Esta enmienda legislativa tiene como objetivo mejorar la protección de los inversores y está programada para ser presentada pronto a la Dieta Nacional.