La ley DAC8 de la Unión Europea, vigente a partir del 1 de enero de 2026, obliga a las plataformas de criptomonedas custodiales a reportar las identidades de los usuarios, los números de identificación fiscal y los historiales de transacciones a las autoridades fiscales nacionales, lo que genera preocupaciones sobre la privacidad entre los usuarios de criptomonedas. Esta regulación se aplica tanto a plataformas de la UE como a las no pertenecientes a la UE que atienden a clientes europeos, y el incumplimiento podría llevar a la inclusión en listas negras. Aunque DAC8 busca aumentar la transparencia en las transacciones de activos digitales, no afecta a las billeteras no custodiales, que continúan ofreciendo privacidad a los usuarios. Como resultado, los inversores europeos en criptomonedas están explorando métodos que preservan la privacidad, como intercambios anónimos, cajeros automáticos de efectivo y herramientas como Ghosty.cash para proteger legalmente sus activos digitales. La ley destaca el compromiso de la UE con la transparencia y la aplicación de la fiscalidad, lo que ha provocado debates sobre las implicaciones de privacidad dentro de la comunidad cripto.