Corea del Sur ha realizado tres movimientos políticos significativos en el sector de las criptomonedas en el transcurso de una semana, lo que ha generado preocupaciones sobre un posible cambio en la postura regulatoria. La Oficina del Fiscal del Distrito de Gwangju liquidó 320,88 Bitcoins, valorados en 21,6 millones de dólares, recuperados de un incidente de phishing, optando por convertir los activos en efectivo en lugar de mantenerlos como activos estatales. Además, la Comisión de Servicios Financieros (FSC) está finalizando directrices que permiten a las empresas cotizadas invertir en activos digitales, pero las stablecoins como USDT y USDC están excluidas debido a inconsistencias legales bajo la Ley de Transacciones de Divisas. Esta exclusión podría ser temporal, a la espera de enmiendas legislativas. Por último, se está discutiendo un límite propuesto sobre la propiedad de accionistas mayoritarios en los intercambios de criptomonedas, con un techo del 34% acordado por el Partido Democrático de Corea y la FSC. Este límite, destinado a la protección del inversor, ha generado debate sobre posibles conflictos constitucionales y su impacto en las operaciones de intercambio, como la fusión pendiente entre Dunamu y Naver Financial.