En el primer año de la administración Trump, la política criptográfica de EE. UU. se orientó hacia la integración de las criptomonedas en el marco regulatorio financiero existente. La SEC se alejó de su enfoque previo centrado en la aplicación para establecer reglas claras. La CFTC reconoció a Bitcoin y Ethereum como productos básicos, permitiendo que se usaran como garantía para derivados. La OCC incluyó a las empresas criptográficas en el sistema bancario federal, otorgando licencias nacionales de fideicomiso a compañías como Circle y Ripple. Además, el Congreso aprobó una legislación sobre stablecoins que exige reservas del 100 % y otorga reconocimiento legal. A pesar de las diferencias interinstitucionales en curso, EE. UU. ha logrado avances significativos en claridad regulatoria, integración de cumplimiento y desarrollo de infraestructura, incorporando sistemáticamente la industria criptográfica al sistema financiero tradicional.