La Ley CLARITY de EE. UU., destinada a establecer una estructura de mercado integral para las criptomonedas, está actualmente estancada debido a un bloqueo de cuatro vías entre los principales interesados. El proyecto de ley, que busca delimitar la jurisdicción entre la SEC y la CFTC mientras introduce divulgaciones específicas y medidas antifraude, se ha dividido en cuatro grupos: partidarios del Senado y la industria, críticos alineados con los bancos, reguladores y críticos estructurales. Los partidarios del Senado y la industria abogan por un marco federal para integrar las criptomonedas en la regulación estadounidense, mientras que los críticos alineados con los bancos buscan evitar que los rendimientos de las stablecoins socaven la banca tradicional. Los reguladores han comenzado a emitir directrices, reduciendo la urgencia de una claridad legislativa, mientras que los críticos estructurales argumentan que el proyecto de ley podría debilitar las protecciones para los inversores. El resultado de estas negociaciones determinará el futuro panorama regulatorio para las criptomonedas en EE. UU., impactando su capacidad para competir con los sistemas financieros tradicionales.