El gobierno del Reino Unido ha abandonado los planes para implementar un sistema obligatorio de identificación digital para los trabajadores tras una significativa reacción pública. Casi tres millones de personas firmaron una petición en contra de la propuesta, que habría requerido que los trabajadores usaran una credencial digital emitida por el gobierno para demostrar su derecho a trabajar. La decisión marca un retroceso en una política que enfrentó críticas de políticos y grupos de defensa de las libertades civiles, quienes expresaron preocupaciones sobre la vigilancia y los riesgos de seguridad de los datos. A pesar de este cambio, las verificaciones digitales del derecho a trabajar seguirán siendo obligatorias, aunque no estarán vinculadas a un único sistema de identificación gubernamental. El Reino Unido planea introducir un esquema opcional de identificación digital para 2029, ofreciéndolo junto con otros métodos de documentación electrónica. Este desarrollo se produce en medio de debates más amplios sobre la identidad digital y la privacidad, mientras la UE avanza en su marco de identidad digital y explora tecnologías que preservan la privacidad.