La industria criptográfica del Reino Unido está actualmente dividida sobre el destino de 61,000 BTC incautados en 2018. El debate se centra en si el gobierno debería conservar el Bitcoin como reserva estratégica o venderlo bajo la Ley de Productos del Delito (POCA) para priorizar la compensación a las víctimas. El grupo industrial CryptoUK apoya mantener el Bitcoin para mejorar la ventaja competitiva del Reino Unido, mientras que expertos como el profesor Naseem Naqvi argumentan que mantenerlo a largo plazo entra en conflicto con el mandato de POCA, que se enfoca en las víctimas. El gobierno está considerando varias opciones, incluyendo subastas por fases y estrategias basadas en investigaciones, mientras navega por las obligaciones legales y los posibles impactos en el mercado de su decisión. Esta situación coloca al gobierno en una encrucijada entre cumplir con la legalidad y explorar futuras políticas de reserva criptográfica.