Steve Bannon y Boris Epshteyn, aliados de larga data de Trump, enfrentan una demanda colectiva presentada por el inversor de Missouri Andrew Barr. La demanda, presentada en un tribunal federal de Washington, acusa a Bannon, Epshteyn y sus empresas mediáticas de defraudar a los inversores mediante la venta de criptomonedas no registradas, específicamente la "Let's Go Brandon Coin" ($FJB), que luego fue renombrada como "Patriot Pay" ($PPY). La demanda alega que los acusados usaron su influencia para promover estos tokens, lo que llevó a pérdidas significativas para los inversores, incluida la pérdida personal de Barr de más de $58,000. La denuncia destaca que el comercio de los tokens fue suspendido a principios de 2025, con la promesa de distribuir la liquidez restante, lo cual aún no se ha cumplido. Los demandantes buscan daños y perjuicios para miles de inversores minoristas, alegando violaciones de las leyes de valores y protección al consumidor debido a riesgos ocultos y problemas de gobernanza asociados con los tokens.