El caso reciente que involucra al Grupo Taizi ha puesto en primer plano los complejos problemas relacionados con las criptomonedas y su uso en delitos transnacionales como la trata de personas y el lavado de dinero. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado al presidente del grupo, lo que ha llevado a varios países a congelar los activos relacionados. Este incidente subraya el impacto significativo de las represalias regulatorias y los desafíos que plantea la jurisdicción extraterritorial de Estados Unidos en el sector de las criptomonedas. El caso ha generado un debate sobre si tales acciones de aplicación representan un escenario de "lobo comiendo lobo", donde actividades ilegales son atacadas por otras fuerzas ilícitas. A medida que las políticas regulatorias se endurecen, la industria de las criptomonedas enfrenta presión para distanciarse de actividades ilegales y evitar ser clasificada como un "activo de alto riesgo". Esta situación destaca la lucha continua por equilibrar la conveniencia de las monedas digitales con la necesidad de marcos regulatorios sólidos para prevenir su uso indebido.