España está preparada para implementar completamente dos marcos regulatorios significativos sobre criptomonedas en 2026: el Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la UE y la Directiva sobre Cooperación Administrativa (DAC8). MiCA entrará en vigor el 1 de julio de 2026, exigiendo que todos los proveedores de servicios de criptomonedas obtengan una autorización completa para continuar sus operaciones. Mientras tanto, DAC8 se aplicará a partir del 1 de enero de 2026, requiriendo que las plataformas de intercambio informen a las autoridades fiscales de la UE sobre las transacciones, saldos y flujos de fondos de los usuarios.