La fiscal general de Nueva York, Letitia James, encabezó un grupo bipartidista de 17 fiscales generales estatales que instó al Congreso a oponerse a la Ley Clarity antes de una importante votación de procedimiento en el Senado prevista para el martes. La carta sostiene que el proyecto de ley “enturbiaría las aguas” al dificultar que los fiscales generales estatales combatan el fraude y exijan responsabilidades a las empresas. James afirmó que el texto actual podría envalentonar a los defraudadores y potencialmente despojar a los fiscales generales de la autoridad para proteger a los inversores y su dinero. Los fiscales generales también advirtieron que el proyecto de ley podría permitir que la SEC se imponga sobre la autoridad estatal de registro, debilitar la capacidad de los estados para combatir el fraude mediante una redacción ambigua y otorgar a la SEC una amplia discrecionalidad para redefinir el alcance de la preeminencia federal. Entre los firmantes figuran los fiscales generales de California, Illinois, Arizona, Kansas, Ohio y Wisconsin.