Los reguladores han introducido nuevos requisitos para la custodia de activos digitales, manteniendo las normas tradicionales de custodia de valores y añadiendo demandas específicas en cuanto a capital, tecnología, ciberseguridad, seguros, protección legal, segregación de activos y límites en la proporción de custodia. Estas medidas tienen como objetivo mejorar la protección del inversor y reducir los riesgos asociados con la custodia, la gobernanza y la bancarrota. El marco incluye mecanismos de monitoreo y reporte continuos para garantizar el cumplimiento y proteger a los inversores.