Malasia ha revisado sus reglas de declaración de activos para los funcionarios públicos, aumentando significativamente los límites de participación accionaria e incorporando activos digitales en el marco regulatorio. Según las nuevas directrices emitidas por el Departamento de Servicio Público de Malasia, los funcionarios públicos ahora pueden poseer acciones en empresas malasias hasta un 5% del capital pagado de la empresa o un valor total de RM300,000, lo que sea menor. Esto representa un aumento sustancial respecto al límite anterior de RM100,000. Por primera vez, los activos digitales están incluidos en las regulaciones, destacando un movimiento hacia una mayor transparencia y responsabilidad en las actividades de inversión de los funcionarios públicos. Los cambios buscan alinearse con los mercados financieros y los instrumentos de inversión en evolución, asegurando que las inversiones de los funcionarios públicos estén adecuadamente reguladas.