Un análisis reciente subraya los desafíos legales continuos en la clasificación de activos virtuales, particularmente la moneda dentro de los juegos, como propiedad criminal. Este problema fue destacado por un caso judicial en Shanghái en 2020, donde se debatió la clasificación de la moneda dentro del juego. Un tribunal inicialmente dictaminó el caso como malversación, mientras que una sentencia posterior en 2023 se centró en la naturaleza de datos de la moneda, reflejando la falta de un estándar legal unificado. La disparidad en las sentencias judiciales complica los esfuerzos para contrarrestar la financiación del terrorismo y gestionar los procesos penales que involucran activos virtuales. La comunidad legal permanece dividida, con algunos tribunales enfatizando el valor económico de estos activos, mientras que otros priorizan sus definiciones técnicas. Esta incertidumbre continua sigue planteando desafíos para los marcos legales que abordan los delitos relacionados con activos virtuales.