La controversia del SANAE TOKEN en Japón se ha intensificado con informes que sugieren que la oficina de la Primera Ministra Sanae Takaichi fue informada sobre el token, contradiciendo sus negaciones previas. El token, lanzado por NoBorder DAO en Solana, experimentó un aumento y caída dramáticos, lo que provocó una investigación de la Agencia de Servicios Financieros (FSA) sobre operaciones no autorizadas. En medio del escándalo, la FSA de Japón ha presentado un importante proyecto de reforma criptográfica al parlamento, con el objetivo de reclasificar los activos digitales como instrumentos financieros bajo la Ley de Instrumentos y Bolsa de Valores. Esta legislación, que incluye sanciones más estrictas para actividades criptográficas no autorizadas, está parcialmente impulsada por el caso del SANAE TOKEN. El proyecto busca mejorar la supervisión regulatoria y proteger a los inversores, potencialmente remodelando el panorama criptográfico de Japón.