En ciertos casos penales relacionados con criptomonedas, las agencias de seguridad han utilizado la dirección IP del sospechoso en el momento del inicio de sesión en la cuenta para establecer la "ubicación del delito" y afirmar la jurisdicción. Este enfoque es principalmente aplicable a casos de ciberdelitos. Sin embargo, se cuestiona su idoneidad cuando el caso involucra fundamentalmente delitos tradicionales contra la propiedad, como el robo o el malversación. Los expertos legales sostienen que la naturaleza del delito debería dictar la jurisdicción, en lugar de los detalles técnicos de cómo se cometió el delito.