El uso exclusivo de herramientas de internet no es suficiente para aplicar directamente las normas jurisdiccionales, según recientes análisis. Técnicamente, las direcciones IP están sujetas a asignación dinámica, NAT y factores CDN, lo que dificulta asociarlas con precisión a dispositivos o ubicaciones específicas. Su valor probatorio requiere una evaluación integral junto con otros datos electrónicos.