El Salvador se ha comprometido a no realizar nuevas adquisiciones de Bitcoin con fondos públicos en virtud de su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, mientras que la billetera electrónica Chivo, respaldada por el Estado, se ha retirado en gran medida de la participación pública. El FMI afirmó que las compras de Bitcoin registradas desde la primera revisión fueron verificadas como financiadas por donaciones privadas y no por recursos públicos. La actualización se produjo cuando el FMI alcanzó un acuerdo a nivel del personal técnico con las autoridades salvadoreñas sobre la segunda y la tercera revisiones combinadas en el marco del acuerdo del Servicio Ampliado del FMI. Si es aprobado por el Directorio Ejecutivo del FMI, El Salvador recibiría alrededor de 140 millones de dólares, o 101,96 millones de DEG, en financiamiento. Ambas partes también acordaron medidas para modernizar el marco legal, regulatorio y de supervisión de los activos digitales, así como para fortalecer la gobernanza y la gestión de riesgos de las tenencias de criptoactivos del sector público.