La Comisión Europea ha emitido advertencias formales a 12 estados miembros de la UE, incluidos Bélgica, República Checa y España, por no implementar completamente la Directiva sobre Cooperación Administrativa 8 (DAC8) relacionada con las regulaciones fiscales de criptomonedas. Esta directiva obliga a los proveedores de servicios de criptoactivos a reportar transacciones y datos de usuarios a partir de enero de 2026, con el objetivo de mejorar la transparencia fiscal en toda la UE. Los estados afectados tienen dos meses para resolver estos problemas de cumplimiento o enfrentar posibles acciones legales, incluida la intervención del Tribunal de Justicia. La directiva está dirigida a los intercambios de criptomonedas y billeteras de custodia, lo que podría aumentar los costos de cumplimiento y los desafíos operativos para estas entidades. Aunque el impacto financiero inmediato en criptomonedas específicas no está claro, el mercado en general podría experimentar cambios a medida que se apliquen las medidas de cumplimiento.