El marco DAC8 de la Unión Europea para la declaración fiscal de criptomonedas está endureciendo las regulaciones sobre actores identificables como custodios y exchanges, mientras que las finanzas descentralizadas (DeFi) permanecen en gran medida sin regulación. El marco enfatiza a los intermediarios encargados de recopilar y reportar datos de actividad de los usuarios bajo el Marco de Reporte de Activos Cripto de la OCDE (CARF). Sin embargo, a medida que evolucionan los marcos contra el lavado de dinero, existe la posibilidad de que las plataformas DeFi sean reclasificadas como proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs). En Estados Unidos, los legisladores están considerando enmiendas a la Ley de Intermediarios de Productos Digitales (DCIA), con las disposiciones de DeFi convirtiéndose en un punto focal en el debate regulatorio entre la CFTC y la SEC. Mientras tanto, las redes descentralizadas de infraestructura física (DePIN) han crecido hasta convertirse en un sector de 10 mil millones de dólares, generando 72 millones de dólares en ingresos on-chain el año pasado, a pesar de la caída en los precios de los tokens. Las iniciativas DeFi nativas de Bitcoin también están ganando tracción, señalando un cambio en cómo se utiliza Bitcoin como activo de tesorería y fuente de liquidez on-chain.