Los funcionarios gubernamentales han criticado el rechazo de medidas adicionales de protección al consumidor, argumentando que esto deja a los consumidores vulnerables a riesgos. En contraste, los representantes de la industria creen que las herramientas existentes son suficientes para combatir el fraude. Con la regulación de Mercados en Criptoactivos (MiCA) próxima a entrar en vigor, sostienen que el marco unificado de la UE proporcionará las salvaguardas necesarias.