Los bufetes de abogados de demandas colectivas son frecuentemente los principales beneficiarios de los pagos de acuerdos, reteniendo a menudo una porción significativa de los fondos otorgados. En algunos casos, estos bufetes reciben hasta el 90% del acuerdo cuando los miembros de la clase no son fácilmente localizables. Esta práctica ha generado críticas porque los accionistas reales o las partes afectadas reciben una compensación mínima, mientras que los bufetes se benefician de manera desproporcionada. El problema resalta la necesidad de una mayor transparencia y responsabilidad en los acuerdos de demandas colectivas.