La Ley CLARITY ha ampliado el alcance de la Ley de Secreto Bancario (BSA) para incluir a los corredores y bolsas de activos digitales. Esta expansión obliga a estas entidades a cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y sanciones, alineándolas con las instituciones financieras tradicionales. La medida tiene como objetivo mejorar la transparencia y la supervisión regulatoria en el sector de activos digitales, que está creciendo rápidamente.