La Ley CLARITY busca reformar la regulación de activos digitales en Estados Unidos otorgando a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) la autoridad exclusiva sobre las materias primas digitales. La legislación propuesta introduce un período de puerto seguro de 12 meses para la recaudación de fondos mediante tokens y establece criterios para evaluar la descentralización de la cadena de bloques. Su objetivo es facilitar la cooperación entre la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la CFTC, permitiendo que las instituciones financieras tradicionales participen en el comercio de materias primas digitales tras el registro. A pesar de su alineación con proyectos como Internet Computer Protocol (ICP) y Solana, la ley enfrenta desafíos políticos derivados de marcos regulatorios competidores. Además, incluye medidas para contrarrestar la financiación del terrorismo.