La Ley de Claridad, actualmente en consideración, busca fortalecer las medidas regulatorias contra el lavado de dinero y la evasión de sanciones en el sector de las criptomonedas. Contrariamente a algunas críticas, la Ley aprovecha la transparencia de las cadenas de bloques públicas para rastrear actividades ilícitas, como lo demuestra el reciente seguimiento de 3.840 millones de dólares en transacciones vinculadas a hackers de Irán y Corea del Norte a través del intercambio de Hong Kong CoinEx. La Ley introduce casi veinte disposiciones, incluyendo la incorporación de los proveedores de servicios de activos digitales bajo la Ley de Secreto Bancario. Esto incluye evaluaciones obligatorias de riesgos, oficiales de cumplimiento y reportes de actividades sospechosas. También exige el intercambio de información en tiempo real entre los intercambios y las fuerzas del orden, así como el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial para combatir la financiación del terrorismo y el lavado de dinero. Además, los operadores de quioscos enfrentarán nuevos requisitos para prevenir estafas y transferencias no autorizadas de fondos.