Chile ha clasificado las criptomonedas como "activos intangibles" e integrado estas dentro de su marco regulatorio financiero, supervisando la custodia, corretaje y otros servicios financieros. La tributación sobre transacciones de criptomonedas, swaps, minería y staking se considera como ingreso general, con un impuesto corporativo establecido en 27% y un impuesto sobre la renta personal progresivo. Aunque las criptomonedas en sí están exentas de IVA, los servicios de plataformas pueden estar gravados. El marco regulatorio es gestionado de manera colaborativa por la CMF, SII, UAF y el Banco Central, ofreciendo un sistema claro y predecible que se considera altamente maduro en América Latina.