La Asamblea Nacional de Camboya ha aprobado por unanimidad una estricta ley contra el fraude cibernético, que incluye cadena perpetua para los operadores de esquemas de fraude criptográfico a gran escala. La legislación, que está pendiente de revisión por parte del Senado y aprobación real, apunta a los líderes de los sindicatos de fraude con penas de prisión de 15 a 30 años, que se elevan a cadena perpetua si ocurren muertes. Los organizadores enfrentan hasta 20 años y fuertes multas, mientras que los participantes podrían recibir de 2 a 5 años y multas de hasta 125,000 dólares. La ley responde a la proliferación de estafas relacionadas con criptomonedas, como el "pig butchering" (estafa del engorde), en el sudeste asiático, que explotan activos digitales para actividades ilícitas transfronterizas. Los analistas advierten que, aunque la represión puede desplazar las operaciones fraudulentas, se necesitan esfuerzos integrales para desmantelar las redes asociadas de corrupción y lavado de dinero.