Bolivia se ha comprometido a establecer un marco regulatorio y de supervisión integral para los activos virtuales como parte de su memorándum de política económica presentado ante el Fondo Monetario Internacional. La medida busca mitigar los riesgos asociados con salidas indebidas de capitales a través de los mercados de criptomonedas, aunque el documento no especifica un calendario, una autoridad designada ni un mecanismo legislativo para su implementación. El compromiso forma parte de un acuerdo a 36 meses al amparo del Servicio Ampliado del FMI por un valor de 1.369 millones de Derechos Especiales de Giro, aproximadamente 1.900 millones de dólares. El acuerdo sigue sujeto a la aprobación tanto del Congreso boliviano como del Directorio Ejecutivo del FMI antes de entrar en vigor.