El marco del Comité de Basilea de 2022 clasificó las stablecoins de cadenas públicas junto con Bitcoin y Ethereum en términos de riesgo. Esta clasificación situó a estos activos digitales en una categoría de alto riesgo, lo que podría disuadir a los bancos de involucrarse con ellos. Sin embargo, un posible cambio hacia una postura más flexible podría incentivar a los bancos a reingresar al mercado de criptomonedas, fomentando una mayor participación institucional en los activos digitales.