La Alianza para Poner Fin a la Trata de Personas está solicitando una revisión de la Sección 604 de la Ley de Claridad, expresando preocupaciones de que podría reducir la responsabilidad de los desarrolladores de plataformas criptográficas cuya tecnología se utiliza en la trata de personas. La directora ejecutiva, Katie Boller Gosewisch, destacó que el lenguaje de la disposición, que establece que los desarrolladores que no controlan los fondos de los usuarios no son transmisores de dinero, podría permitir a los desarrolladores evadir la responsabilidad si su software facilita pagos relacionados con la trata. La Alianza, junto con Caridades Católicas, ha comunicado estas preocupaciones a los líderes del Senado. En contraste, Rebecca Rettig argumenta que la Sección 604 está alineada con las políticas existentes de Estados Unidos contra el lavado de dinero, aclarando que los desarrolladores que no controlan los activos de los clientes no son transmisores de dinero, en consonancia con la Ley de Secreto Bancario y las directrices de FinCEN. Rettig enfatizó que el proyecto de ley mantiene la responsabilidad para quienes controlan los fondos de los usuarios y no exime a los desarrolladores de otras leyes penales, citando las leyes existentes contra el lavado de dinero como herramientas para la persecución penal.