Cuarenta y ocho jurisdicciones han comenzado la recopilación de datos de transacciones de criptomonedas como parte del Marco de Reporte de Activos Cripto (CARF) de la OCDE, con el objetivo de mejorar la transparencia fiscal. A partir del 1 de enero de 2026, los proveedores de servicios de criptomonedas, incluidos los intercambios, corredores y ciertas plataformas DeFi, están obligados a recopilar datos sobre operaciones de cripto a fiat, intercambios de tokens y transferencias de billeteras. Esta iniciativa está diseñada para reflejar los estándares de transparencia de la banca tradicional y busca reducir la subdeclaración y mejorar el cumplimiento. El primer grupo de jurisdicciones comenzará a compartir estos datos en 2027, mientras que un segundo grupo de 27 países, incluidos Australia, Canadá y Suiza, iniciará la recopilación de datos a partir del 1 de enero de 2027, para su intercambio en 2028. El marco CARF exige que los proveedores de servicios recopilen detalles verificados de los usuarios e información de las transacciones, incluidos los identificadores fiscales, para garantizar una cobertura integral de las actividades cripto. El Reino Unido ya ha ampliado sus requisitos de reporte, con sanciones por incumplimiento que alcanzan hasta 300 libras por usuario.