Ha comenzado un cambio global significativo, ya que 48 países empezarán a recopilar datos fiscales relacionados con criptomonedas a partir del 1 de enero de 2026. Esta iniciativa marca la fase inicial de la implementación del Marco de Reporte de Criptoactivos (CARF), un estándar internacional desarrollado por la OCDE para mejorar la transparencia en el sector cripto. Bajo este marco, las plataformas de criptomonedas como exchanges, corredores y custodios están obligadas a reportar información detallada de los usuarios, incluyendo el historial de transacciones, direcciones de billeteras, estado de residencia fiscal y datos de ganancias/pérdidas. El CARF tiene como objetivo alinear la industria de activos digitales con los estándares de las finanzas tradicionales facilitando el intercambio automático de información entre las autoridades fiscales a nivel mundial. Este intercambio global de datos está programado para comenzar oficialmente en 2027, proporcionando a las agencias fiscales una visión completa de las actividades cripto de los individuos. Para los inversores en criptomonedas, esto significa un mayor escrutinio y regulaciones más estrictas, ya que las plataformas exigirán más verificación de identidad e información fiscal. Mientras que algunos ven esto como un exceso regulatorio, otros lo consideran un paso necesario para integrar las criptomonedas en el sistema financiero convencional y asegurar su legitimidad a largo plazo.