En un desarrollo legal significativo, los fiscales estadounidenses han refutado argumentos relacionados con la política de criptomonedas en un juicio sobre un bot MEV (Valor Máximo Extraíble) de 25 millones de dólares. Los fiscales afirman que cualquier cambio en la política respecto a los activos digitales debe ser determinado por el Congreso y no a través de fallos judiciales. Esta postura podría influir en cómo se manejan futuros casos relacionados con criptomonedas, enfatizando el papel de los órganos legislativos en la configuración de las regulaciones sobre activos digitales.