Los desarrollos regulatorios en Estados Unidos en 2025 están impulsando reasignaciones estratégicas en la minería de criptomonedas basada en proof-of-work (PoW). A pesar de la aclaración de la SEC de que la minería PoW no constituye una oferta de valores, las preocupaciones ambientales y las políticas a nivel estatal, como la propuesta GEIS de Nueva York, están generando incertidumbre. Los inversores se están enfocando en estrategias que aseguren el cumplimiento normativo, la sostenibilidad y la rentabilidad. Las políticas energéticas bajo la administración Trump y el programa Future Mines del Departamento de Energía están influyendo en los costos operativos y en la adopción de infraestructura verde. Como resultado, los operadores mineros están diversificando geográficamente, con Texas, Wyoming y Georgia manteniéndose como centros clave en EE.UU., mientras que Canadá, Kazajistán y Paraguay están ganando terreno. Se están utilizando herramientas financieras como fideicomisos de activos digitales y notas convertibles para cubrir riesgos, y la actividad de fusiones y adquisiciones está aumentando a medida que las empresas fintech integran infraestructura cripto. Los inversores institucionales también están incrementando sus asignaciones en Bitcoin, con un aumento significativo en los flujos hacia los ETF.