El gobierno del Reino Unido ha lanzado un esquema nacional de identificación digital diseñado para mejorar la eficiencia de los servicios públicos y combatir la migración ilegal. Esta iniciativa ha generado preocupaciones sobre la privacidad entre los inversores de Bitcoin, quienes temen posibles impactos en la movilidad de los activos. Expertos como Dominic Volek y Andrew Amoils han señalado la tensión entre estos marcos de identidad digital y el ethos descentralizado de las criptomonedas. Aunque el esquema busca mejorar la seguridad y el acceso a los servicios, ha provocado debates sobre su posible influencia en las estrategias de residencia y el control sobre los activos criptográficos. Ejemplos históricos de Estonia e India sugieren un impacto mínimo inmediato en el mercado, pero las implicaciones regulatorias a largo plazo siguen siendo objeto de escrutinio.