El gobierno del Reino Unido está tomando medidas legales para retener aproximadamente 70 millones de dólares en Bitcoin incautados durante investigaciones sobre ciberdelitos. Esta iniciativa tiene como objetivo convertir la criptomoneda confiscada en ingresos para el Estado. La decisión ha generado un debate sobre la transparencia y legalidad de las acciones gubernamentales relacionadas con los activos criptográficos, con algunos interesados preocupados por los posibles efectos en la confianza del mercado.