Los contratos inteligentes son cada vez más reconocidos como legalmente exigibles, siempre que cumplan con los principios tradicionales del derecho contractual, como la oferta, la aceptación, la contraprestación y la intención de obligarse, según un análisis legal de Kelman Law. Estados como Arizona han reconocido explícitamente su exigibilidad, mientras que otros aplican las leyes contractuales existentes. Casos judiciales recientes, como Van Loon contra el Departamento del Tesoro, enfatizan la importancia del consentimiento y el control sobre la complejidad técnica. A pesar de su creciente aceptación, los contratos inteligentes enfrentan desafíos que incluyen la inmutabilidad, la ausencia de operadores identificables y el cumplimiento del estatuto de fraudes. Kelman Law sugiere medidas prácticas para redactar contratos inteligentes exigibles, como el uso de acuerdos en lenguaje claro e integrar estructuras híbridas on-chain/off-chain para mejorar la claridad y el cumplimiento legal.