El diputado federal mexicano Armando Corona Arvizu ha presentado un proyecto de ley controvertido que busca penalizar la creación o difusión de memes, stickers, gifs o videos editados que puedan dañar la reputación o dignidad de los funcionarios públicos. Apodada como la "Ley Anti-Meme", la legislación propuesta podría resultar en penas de prisión de tres a seis años y multas para los infractores, especialmente cuando se dirijan contra funcionarios públicos. Los críticos han expresado su preocupación de que el lenguaje vago de la ley podría sofocar la sátira y la disidencia política, provocando una ola de memes en línea, incluidos aquellos que presentan a la presidenta Claudia Sheinbaum. Expertos legales están observando de cerca el avance del proyecto, evaluando sus posibles implicaciones para la libertad de expresión y la regulación digital en México.